El Ministerio de Bienes Nacionales identificó 31 casos en los que constructoras o inmobiliarias ofrecen propiedades, para arrendar o vender, con “playas privadas”, lo cual constituye una infracción a la ley de Protección a los Derechos del Consumidor por posible publicidad engañosa.
Lo anterior dado que todas las playas son de uso público, por lo que la cartera derivó los antecedentes al Servicio Nacional del Consumidor para que tome acciones en torno a esta comercialización de bienes que no debieran tener propietarios.
El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, adelantó que incluso evalúan recurrir al Consejo de Defensa del Estado con el fin de que inicie acciones legales en contra de estas empresas que ofrecen “playas privadas”.
A juicio del Sernac, estos antecedentes son suficientes para establecer que se está ante una “infracción evidente”, por lo que su subdirector, Jean Pierre Couchot, confirmó que presentarán denuncias ante los respectivos juzgados de policía local.
Se estaría ante un doble engaño, según lo que aseguró el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, al comercializarse playas públicas y por la publicidad engañosa.
Según las autoridades, quienes comercialicen playas, ríos o lagos públicos arriesgan multas hasta los 73 millones de pesos por concepto de publicidad engañosa. Además, de constatarse que los privados mantienen cerrados los accesos a estos bienes, recibirían multas que bordean los cinco millones de pesos.