El proyecto estará enfocado en las tres áreas que, según la evaluación del Ejecutivo, era necesario cambiar al sistema: la modernización e introducción de nuevas tecnologías; la facilitación y reducción de los trámites de las personas ante notarios, y los cambios al sistema de nombramiento.
La iniciativa recogerá parte del análisis que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a esta actividad, que fue dado a conocer el pasado 20 de junio. El estudio identificó tres áreas que dificultan la competitividad en este rubro, las cuales son las barreras legales de entrada para operar en esta actividad, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios, y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben entregarse los servicios, lo que a juicio de la FNE impide la innovación y el uso de tecnologías modernas.
En esta línea, la Fiscalía Nacional Económica presentó una serie de propuestas. Parte de estas, según trascendió, habrían sido consideradas en el proyecto del Ejecutivo.
Fuentes conocedoras de la iniciativa señalaron que una propuesta que estaría contemplada en la futura ley sería la creación de los notarios certificadores, los que serían elegidos cada dos años. Estos estarían encargados de las áreas más mecánicas que requiere la actividad como, por ejemplo, certificar fotocopias de cédulas de identidad.
El ministro Larraín ya había adelantado en junio pasado que otro punto a considerar sería el sistema de nombramientos, en que la transparencia será el eje para los futuros nominados, priorizando su trayectoria, conocimiento y experiencia. En una minuta que difundió el gobierno, hace un par de semanas, se proponela creación de un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios. Esta instancia analizará los 10 nombres que fueron elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva y elegirá a tres. Dentro de estos últimos podrá seleccionar uno el Presidente.
Uso de tecnologías
Otra área contemplará el número de trámites que se deben hacer ante estos abogados, los cuales experimentarán una reducción. En este sentido, se establecerá la nueva forma en que se realizarán estas diligencias, las que incluirán el uso de nuevas tecnologías. Así, en el documento que circuló hace un par de semanas, se planteaba que los notarios podrían hacer escrituras públicas a través de documentos electrónicos, que contemplen el uso de una firma electrónica avanzada.
Otro punto que estaba incluido en la minuta del gobierno era un examen de evaluación, a los cuales los notarios deberán someterse con una frecuencia no superior a los tres años. En caso de inasistencia o reprobación, el abogado deberá rendirlo al año siguiente. Si falla, será causal para que finalicen sus funciones.
Respecto de la creación de nuevas plazas, se proponía que el Presidente deberá considerar la actividad económica del sector antes de tomar una decisión de esta naturaleza. Asimismo, se establece que en cada comuna o agrupación de comunas que constituya jurisdicción de jueces de letras debe existir, a lo menos, un notario.
Según se comenta desde el Ejecutivo, el foco del proyecto estará en la ciudadanía y cómo esta se beneficiará con los cambios. Eso, trascendió, será uno de los puntos que destacará Piñera cuando presente la iniciativa. En esa línea, las mismas fuentes dicen que otros de los ejes que tendrá el proyecto apuntan a favorecer a las pymes y la clase media.
Además, en Palacio estiman que la reforma tendrá una expedita tramitación en el Parlamento, pues la modificación a esta actividad es un pendiente que se ha prolongado por años.
Notarios advierten factores de riesgo
El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Alfredo Martin, abordó la propuesta del gobierno e indicó que “estamos de acuerdo con toda reforma que perfeccione y fortalezca el sistema, pero no con la incorporación de factores de riesgo para otorgar fe pública, como son las figuras que, en definitiva, pueden quedar sometidas a otros intereses”.
Martin añadió que “apoyamos, por ejemplo, los nombramientos que se realicen sobre la base de la meritocracia. Sin embargo, según ha trascendido, el proyecto de ley tendría elementos muy riesgosos, como la existencia de la figura de los notarios certificadores. Las características de este nuevo tipo de notario podría llevar a que actúen sin la necesaria independencia y que pongan en riesgo la seguridad jurídica que siempre hemos garantizado”.
El presidente de los notarios agregó, en la misma línea, que “por un lado se pretende fortalecer el sistema, por otro, se le debilita con estas figuras atípicas en nuestro sistema jurídico, cuyo factor de riesgo no ha sido debidamente analizado”